El lunes 18 de agosto comenzó en la Laguna de Pozuelos, en la puna jujeña, la Caminata de Mujeres en Defensa de la Pachamama. Agosto es el mes en que se honra y agradece a la Pacha, que es tiempo y espacio a la vez, el mundo que habitamos junto a todos sus seres: vivos, muertos y por venir. Las caminantes trazaron un paralelismo entre la vivencia de las mujeres y la de la Pacha: ambas alimentan a sus hijos e hijas y, a pesar de los golpes y la violencia que puedan sufrir, siguen adelante, resistiendo y generando vida. 

Las mujeres comenzaron a caminar con el objetivo de visibilizar y rechazar el avance de proyectos mineros en sus territorios. Estos emprendimientos, respaldados por el nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y por el gobierno provincial—que el año pasado firmó un convenio con la consultora israelí Mekorot para privatizar la gestión del agua en Jujuy—amenazan los ecosistemas de la provincia, la vida de y en los territorios y el acceso al agua para las personas y animales que los habitan.

La Laguna de Pozuelos, punto de partida de la caminata, fue designada reserva de biosfera por la UNESCO en 1990. Allí, en 2017, se realizó la primera Cumbre del Agua, donde se exigió el cese de la actividad minera en las minas Chinchillas y Pirquitas, así como la remediación de los pasivos ambientales de la mina Pan de Azúcar. Ocho años después, las mujeres que habitan los alrededores de la laguna vuelven a denunciar la contaminación generada por esas minas y a alertar sobre el avance de nuevos proyectos, especialmente los relacionados con la extracción de litio, como los impulsados por las empresas Rio Tinto y Vicuñas. En este respecto, Florencia Solís, integrante de la comunidad de Rodeo y una de las participantes de la caminata, denuncia que en la laguna ya no queda agua, solo salitre, y que el riesgo de que pronto no haya agua para las comunidades y animales que dependen de ella se vuelve cada vez más real.

La caminata pasó por Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara y Lozano, antes de llegar a San Salvador de Jujuy, la capital provincial. A lo largo del recorrido, las caminantes pararon por comunidades cuyos territorios están afectados por diversas actividades extractivas que, más allá de la minería, incluyen proyectos inmobiliarios orientados al turismo y la vitivinicultura. 

El martes, 19 de agosto, las caminantes se reunieron con miembros de la comunidad de Hornaditas. Los integrantes de la comunidad denunciaron que recientemente se autorizó en su territorio un cateo minero, actividad de exploración del suelo y subsuelo en busca de yacimientos minerales. La comunidad manifiesta su rechazo al ingreso de la minería en su territorio comunitario y también se opone a que la empresa Mekorot gestione sus fuentes de agua. La gente de la comunidad se abastece de agua a través de vertientes que recorren sus tierras. Sin embargo, el caudal disponible ha disminuido drásticamente con el paso de las décadas. Delia, quien pertenece a la comunidad, recuerda que cuando era niña su familia tenía hasta 700 cabezas de cabra, mientras que hoy apenas puede mantener 150, porque ya no hay agua suficiente para los animales. Lo mismo ocurre en los parajes más alejados de la comunidad, donde ya no se puede cultivar debido a la escasez hídrica. Estos parajes, ubicados en los cerros donde se proyecta el cateo minero, serán los primeros afectados por la actividad extractiva, asegura Delia. 

El miércoles 20 de agosto, la caminata de mujeres en defensa de la Pachamama pasó por la comunidad de Chucalezna, donde algunos de sus integrantes expresaron su preocupación por el avance del proyecto inmobiliario “Muskuy”, impulsado por Claudio Zucchino, Iván Parra, Ramiro Cicero y Matías Paterno. El emprendimiento, iniciado en 2022, contempla la comercialización de 120 hectáreas divididas en 57 lotes, promocionados como parte de un “proyecto de triple impacto: ambiental, social y económico”. Según el sitio oficial del proyecto, se trata de un desarrollo orientado al turismo, la vitivinicultura y el descanso, que promueve la integración con las comunidades locales, el desarrollo de infraestructuras compartidas y la valorización de la cultura ancestral. Sin embargo, los miembros de Chucalezna con quienes se reunió el grupo de mujeres caminantes rechazan esta iniciativa, alertando sobre los efectos negativos que ha ido generando desde su inicio. En este sentido, vecinas y vecinos denuncian la tala de árboles autóctonos, el movimiento de tierras y la extracción de áridos en el cerro Moya, con consecuencias sobre el cauce del río y la rotura de mangueras de agua. A pesar de las presentaciones formales ante el Ministerio de Ambiente y las diversas movilizaciones realizadas por la comunidad para exigir la paralización del proyecto, hasta ahora no se ha logrado detener su avance.

Ese mismo día, por la tarde, el grupo de mujeres llegó a la comunidad de Cueva del Inca, en el departamento de Tilcara. Este año, la comunidad ha sido víctima de dos violentos intentos de desalojo. Durante el segundo, ocurrido el 7 de julio, un operativo policial —respaldado por empleados del hotel vecino Canto del Viento— desalojó por la fuerza a la presidenta de la comunidad, Miriam Alfaro, junto con su madre y otras mujeres que se encontraban allí acompañando en la resistencia. Fueron detenidas y trasladadas a la comisaría de Maimará, donde recuperaron la libertad por la tarde. Mientras tanto, parte de la casa de Miriam fue demolida, y sus pertenencias fueron arrojadas fuera de la vivienda, algunas incluso quemadas. El conflicto territorial entre la comunidad y los propietarios del hotel, Carlos Gustavo Vásquez y Simona Natividad Cruz, se mantiene desde 2012, a pesar de que Cueva del Inca cuenta con personería jurídica previa y fue reconocida en el informe de la Secretaría de Derechos Humanos de Jujuy (2007) como una de las comunidades alcanzadas por el fallo “Andrada de Quispe y otros c/ Estado Provincial”, dictado en 2006. Este fallo ordenaba a la provincia de Jujuy entregar en propiedad comunitaria las tierras relevadas por el PRATPAJ, con un plazo de cumplimiento de quince meses. En el caso de Cueva del Inca, la sentencia sigue sin cumplirse hasta el día de hoy. A ello se suma que, en 2013, la comunidad obtuvo la carpeta técnica del relevamiento territorial realizado en el marco del RETECI, lo que refuerza su legitimidad a habitar el territorio que actualmente ocupa. 

El jueves 23 de agosto, el grupo de mujeres partió de Cueva del Inca rumbo a Lozano, luego de realizar una ceremonia en honor a la Pachamama, en la que se le agradeció, se le pidió perdón por la violencia que aún se sigue ejerciendo sobre ella, y se repudió de manera colectiva los intentos de desalojo sufridos por la comunidad Cueva del Inca.
Finalmente, el viernes 23 de agosto, las caminantes llegaron a San Salvador, donde más personas se sumaron al grupo para denunciar las políticas extractivas impulsadas por el gobierno y exigir respuestas concretas por parte de las instituciones estatales. En ese marco, las mujeres intentaron entablar diálogo con la Secretaría de Minería e Hidrocarburos, la Secretaría de Pueblos Indígenas y la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, dirigiéndose finalmente a la Casa de Gobierno, en Plaza Belgrano. Ese mismo día regresaron a sus territorios, con la esperanza de que el gobierno escuche sus demandas y con la certeza de que seguirán caminando hasta que eso suceda.